En la tercera sesión remota que preside, Cristina Kirchner consiguió que la mayoría oficialista del Senado rechace dos decretos de Mauricio Macri que traspasaron el sistema de escuchas judiciales desde la Procuración a la Corte Suprema.

Se trata del 256, que firmó el ex presidente en diciembre de 2015 para darle al máximo tribunal el control de las intervenciones telefónicas, al crear bajo su órbita el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM) que hasta entonces tenía a cargo la aún jefa de fiscales Alejandra Gils Carbó. 

El otro es el 102 de casi dos años después, que ratificó a cargo de escuchar conversaciones ajenas a los camaristas Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra. La vicepresidenta los acusa de filtrar sus ya populares charlas con el ahora senador Oscar Parrilli.  

Para que los decretos pierdan validez aún resta que repita el trámite la Cámara de Diputados, donde el oficialismo no tiene mayoría propia pero hizo valer sus aliados la semana pasada, cuando Cambiemos no pudo eliminar los superpoderes del jefe de Gabinete.

En el Senado, el principal bloque opositor no quiso participar de la votación, molesto porque considera que las sesiones remotas sólo pueden ser habilitadas para temas referidos al coronavirus, según el decreto de Cristina que las puso en marcha.

El Gobierno dio un paso clave para quitarle las escuchas judiciales a la Corte

El oficialismo hizo caso omiso a esa letra y rechazó los dos decretos con 42 senadores que permanecieron conectados, 40 porpios y 2 aliados: el rionegrino Alberto Weretinleck y la misionera Magdalena Solari Quintana. 

Los había rechazado la bicameral de trámite legislativo, donde se trataron por segunda vez porque fueron aprobaron hace dos años, un caso inédito. "La mayoría absoluta definió que no existe norma expresa que impida dictaminar dos veces sobre un DNU que no han pasado por ninguna de las dos cámaras", interpretó Anabel Fernández Sagasti, vicejefa del Frente de Todos en el Senado.

"Cuando se aprobó el decreto el entonces senador Ángel Rozas cometió el sincericidio de decir que le daban las escuchas a la Corte porque no confiaban en la procuradora. Luego designaron a Irurzun en un sorteo que fue anticipado por los medios dos días antes. Y firmaron otro decreto para ratificarlo. Lo que hicieron fue poner un dispositivo legal que era para cuidar a los argentinos, a espiar a opositores empresarios y ahora nos enteramos que también a los propios", describió la mendocina, en alusión a la denuncia de Cristina Caamaño, la interventora de la AFI.  

 "El mismo organismo que tenía que garantizar que el sistema de escuchas no violara las libertades individuales era el que estaba interviniendo los teléfonos y filtrando las conversaciones a los medios de comunicación". 

"El mismo organismo que tenía que garantizar que el sistema de escuchas no violara las libertades individuales era el que estaba interviniendo los teléfonos y filtrando las escuchas a los medios de comunicación. Estos DNUs deben ser derogados con suma urgencia porque los escándalos de espionaje paralelo que están saliendo a la luz significan que el Congreso debió haber tomado cartas en el asunto cuando Macri violó la Constitución firmándolos".

Cristina Kirchner en la sesión. 

Fotografía HCSN

Más duro fue su compañero Carlos Caserio. "Macri espiaba a toda su familia cuando era jefe de Gobierno y en la presidencia espió a todo el país con los recursos del Estado". Antes de desconectarse junto a los suyos, el jefe de Cambiemos Luis Naidenoff, evitó defender a la Corte pero anticipó que no apoyará la vuelta de las escuchas a la procuración, por considerar que es la parte que instruye la investigación. 

"El espionaje es un problema institucional que trasciende al Gobierno. Es una deuda de los 90, que hay que analizar a fondo cómo evolucionó en el tiempo. Afectó a todos por igual. No se salvó nadie y únicamente se resuelve en el marco del estado de derecho". 

Le reprochó a Cristina haber puesto al entonces jefe de inteligencia de la armada César Milani al frente de la fuerza y dijo no tener "ningún empacho en decir que la justicia no es parte de la solución sino del problema del espionaje ilegal. Lo tenemos que abordar de manera seria".

 Parrilli hizo su defensa. "Si Irurzun fue designado a dedo, Lorenzetti ha incurrido en el delito de adulteramiento de documento público. Desde esa oficina se montó una Inteligencia monumental y paralela a la AFI de Arribas. Desde allí comenzaron a hacer todas las pinchaduras telefónicas, algunas legales y otras ilegales".

"Hubo un equipo que comandaba Macri junto con personal de Inteligencia, Arribas, (Silvia) Majdalani, la ministra de Seguridad (Patricia Bullrich), la famosa ‘mesa judicial', jueces y fiscales, que llevaron adelante el mecanismo más perverso de Inteligencia ilegal en Argentina", finalizó.